Catálogo de acceso
público en Internet (OPAC)

El tratamiento de temas relacionados con la seguridad, más que una moda, constituye actualmente un espacio novedoso de reflexión académica, investigación aplicada y debate político para las distintas disciplinas sociales que, desde variados enfoques teóricos y metodológicos, influye en el diseño de políticas públicas para los Estados y las sociedades. En el contexto latinoamericano, los análisis sobre seguridad nacional o seguridad ciudadana, los más generalizados, están dejando de ser un terreno exclusivo destinado a la intervención de estamentos militares, policiales, judiciales o de entidades gubernamentales específicas para convertirse cada vez en más en un campo deliberativo donde participan múltiples actores sociales e institucionales; de hecho, resultaría difícil negar que hoy por hoy, algunos ámbitos de la política, la economía y la gestión pública se encuentran profundamente vinculados a los temas de seguridad, porque existen complejas relaciones entre estos campos y porque en ellos intervienen una serie de factores particulares y generales, nacionales como internacionales, que afectan a la población en conjunto.

Un elemento al que se hace frente al hablar de la migración se refiere a la forma en que ésta es percibida, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito social, en las sociedades receptoras. La mundialización ha contribuido a la multiplicación del estatuto de minorías en el seno de las sociedades nacionales, con la consecuente dislocación de la forma de tratarlas a nivel público político. Si antes el extranjero era concebido como la otredad radical, colocado por fuera de los límites de la nación y que por lo tanto era susceptible de una regulación jurídica especifica, hoy en día, el extranjero se vuelve el extraño. Una otredad instalada en el seno del estado nacional, más aún, se constituye un escenario donde lo %u201Ctrans%u201D suple crecientemente lo unilateral.

La zona de la Triple Frontera (TF) es una construcción histórica que surge de la intersección de las ciudades de Foz de Iguazú, Puerto Iguazú y de Ciudad del Este, limitando tres países diferentes, Brasil, Argentina y Paraguay respectivamente. Cada una de estas ciudades tiene características propias, pero a su vez tienen una serie de particularidades que las unen. Se tratan de núcleos urbanos recientes, de crecimiento acelerado que poseen además zonas muy ricas en recursos naturales. También se constituye como un polo comercial muy importante ya que existe una infraestructura que permite el flujo viable de mercancía entre los tres países.

En el marco de los intercambios comerciales, económicos y culturales formales y no formales entre Ecuador y Colombia, se reconocía hasta hace poco la existencia de una permanente migración colombiana a Ecuador y migración ecuatoriana a Colombia. Sin embargo, estas dinámicas fronterizas han cambiado notablemente en los últimos años, especialmente a partir de los años 1990 y con más fuerza a partir del 2000, con la implementación del Plan Colombia y los consiguientes desplazamientos forzados fruto de éste.

La República Oriental del Uruguay se encuentra ubicada al Sur del continente americano e integra desde el año 1994, junto con Argentina, Brasil y Paraguay el proceso de integración denominado Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Uruguay desde el año 1951 acató una serie de recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Mundial (BM) sobre el desarrollo forestal de su país, éstas constituyeron el soporte sobre el cual se asentaron ciertas leyes forestales aprobadas por éste en los años 1968 y 1987. Las mismas determinaban la promoción de plantaciones de especies aptas para la industria maderera en el marco de un modelo exportador. Tres años después se impulsó la forestación masiva con pino y eucalipto.

Este trabajo describe y analiza uno de los momentos más tensos en las relaciones entre Uruguay y Argentina: el conflicto por la instalación de las plantas de papel celulosa en la localidad de Fray Bentos en el litoral oeste uruguayo. La instalación de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia en la localidad de Fray Bentos, constituye la mayor inversión de carácter industrial en la historia del Uruguay, con una inversión de mil millones de dólares y una capacidad de un millón de toneladas por año. El proyecto, supone la autorización del gobierno de otorgar una zona franca con un enclave aduanero que cuenta con una superficie total de 458 hectáreas, incluyendo una terminal portuaria.

There are many open questions regarding virtually all aspects of contemporary security, especially the activities states engage in and the instruments they use to achieve domestic and international security. While many still consider "providing for the nation`s defense" to be the main purpose for the armed forces, for example, few militaries today are in fact trained and equipped to engage in combat with militaries of other states. Instead, militaries are involved in a wide variety of other activities. Today there are some 81,000 military and police personnel from up to 114 countries engaged in peace support operations (PSO) in sixteen strife-ridden countries. According to the United Nations Under-Secretary General for Peacekeeping Operations, Mr. Jean-Marie Guéhenno, by the end of 2007 the UN will have over 140,000 peacekeepers deployed. In early 2007, international peacekeeping forces in Haiti were engaged in fighting street gangs, which is more typically a police function (New York Times, 2007: 1).

En las últimas décadas del siglo XX, ante el proceso de democratización que vivió América Latina, las Fuerzas Armadas fueron perdiendo el monopolio del poder político, de la seguridad y de la defensa nacional, para iniciar un lento proceso de inserción en un sistema en el que las reglas son construidas democráticamente. Luego de haber accedido al poder a través de mecanismos autoritarios en varios episodios de la historia política de la región, la institución castrense enfrenta en el siglo XXI el desafío de construir y consolidar más que un espacio una nueva forma de interrelacionarse en una sociedad distinta a la que le tocó gobernar.

Las Fuerzas Armadas han jugado un papel central en el proceso de construcción del Estado en América Latina. En la mayoría de los estados naciones que surgieron en los siglos XIX y XX, los militares como políticos fueron la regla antes que la excepción. Incluso llegó a identificárseles como "ejércitos políticos", refiriéndose a aquellas organizaciones militares que consideraban su participación en la política interna y en la toma de decisiones como parte intrínseca de sus funciones (Koonings y Kruijt, 2003). Este tipo de desempeño político ha sido duramente criticado desde entonces, pues es considerado como un factor que juega en contra de la profesionalidad y la no deliberancia que se requiere en la organización militar, en tanto responsable de la supervivencia del Estado y la seguridad externa.

La pregunta sobre el impacto de un proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en la vida y seguridad de las mujeres surgió del planteamiento que las mujeres activistas colombianas sobre todo aquellas que se reconocen como feministas han hecho en torno a lo que significaría la paz "o el cese de la guerra" para las mujeres: muy poco. El respeto a sus vidas e integridad física, dada la alta ocurrencia de violencia intrafamiliar (que incluye golpes, torturas y violencia sexual, entre otras) y la violencia sexual perpetrada contra las mujeres, en otros ámbitos distintos al familiar, ocurre en espacios ajenos o distintos a la guerra.

El presente artículo pretende examinar los cambios sustantivos que se manifiestan en las relaciones civil-militares, una vez que la logia militar ex -golpista (acompañada por líderes civiles simpatizantes y dirigentes de izquierda) llega al poder por las vías democráticas y legales, que a escasos seis años antes intentaron destruir. ¿Cuánto ha conmovido este hecho de origen electoral, las estructuras políticas del Estado venezolano? Esta es la intención de las próximas líneas, fijando nuestro foco de interés en el rasgo "militar" de la acción política que se inicia en 1992 y que se extiende hasta el presente político de Venezuela.

En 2005, como en años precedentes, los gastos militares en el mundo continuaron aumentando en una espiral ascendente que parece no tener fin, luego de que en los 1990 habían experimentado una disminución debida a la desaparición de la Unión Soviética y a la reducción del gasto militar estadounidense durante el gobierno de William Clinton. Sudamérica es parte de esta tendencia. Varios de sus países están embarcados en una incipiente carrera armamentista. Aunque modesta en términos globales, la carrera armamentista en Sudamérica dilapida recursos destinables a la justicia social y al desarrollo económico, y además está generando tensiones entre varios países, particularmente entre Chile y Perú (y secundariamente Bolivia), entre Perú y Ecuador, y entre Colombia y Venezuela.

El protagonismo del combate al narcotráfico en la zona andina durante las últimas décadas se fundamenta en la dimensión de sus consecuencias económicas, sociales y ambientales y en sus efectos desestabilizadores en las instituciones. Pero, a pesar de los esfuerzos realizados, la manera en como se ha enfrentado desde las políticas nacionales y la influencia dispar de otros actores como los Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE) parece no haber contribuido a combatirlo ni a eliminar las tensiones.

El tráfico de cocaína hacia Europa crece cada año. En el informe de las Naciones Unidas de 2005 sobre las drogas, se menciona que los decomisos de cocaína en Europa occidental y oriental superaron las noventa toneladas. En 2005, en el territorio de la Unión Europea se decomisó setenta y cinco toneladas, mientras que en los años 1980, la cifra no superó las treinta toneladas. Este aumento de decomisos es relativo al crecimiento del tráfico de cocaína hacia Europa -mientras tanto el tráfico hacia Estados Unidos no bajó de manera significativa- y también al reforzamiento de la cooperación policíaca.

La de "violencia escolar" es como muchas, una noción equívoca y sujeta a significaciones diversas. Las imágenes y representaciones en torno a ella son múltiples, lo que conlleva problemas ligados con la definición. Comparto con Debardieux las posiciones epistemológicas sobre el tema. Si por un lado reconoce que aceptar una definición amplia del concepto, que incluya hechos y cualidades diversos, puede producir una confusión léxica y hace al tema impensable, por otro lado admite que una definición restringida descuida y excluye experiencias de microviolencia vividas por algunas víctimas .

En Centroamérica, temas de violencia e inseguridad juegan un papel importantísimo tanto en el debate político como en las ciencias sociales. Con esa ponencia, elaborada en el marco del proyecto de investigación "Espacios públicos y violencia en Centroamérica" del GIGA Institute of Latin American Studies en Hamburgo/Alemania, queremos contribuir a la discusión con un enfoque poco común en el debate público en América Central. Vamos a interpretar las políticas para contrarrestar la violencia y la inseguridad -es decir, lo que hoy en día se denomina políticas de seguridad ciudadana- desde una perspectiva de la teoría del discurso

La consolidación de altos índices de seguridad ciudadana en las grandes urbes latinoamericanas se ha convertido en una prioridad sin precedentes en pleno siglo XXI; puesto que es una de las condiciones necesarias para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, atraer altos niveles de inversión y consolidar el tan anhelado desarrollo humano sostenible en América Latina.

Esta ponencia aborda el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana a partir de la presentación de algunos aportes conceptuales sobre la Policía Comunitaria, su surgimiento y la relación entre ésta y la ciudadanía. Y, el impacto que ésta tiene sobre la seguridad ciudadana desde el tratamiento del delito. En este sentido, el ¿cómo interviene el Estado frente al delito común? y ¿cuál es su capacidad de actuación frente al crimen a través de la Fuerza Pública, particularmente de la policía? son cuestiones que interesa discutir.

La seguridad ciudadana sigue siendo una preocupación para los habitantes de Bogotá. La demanda ciudadana crece dados dos elementos: La independencia de la percepción de inseguridad en relación con las estadísticas "objetivas" de la seguridad, las cuales han evolucionado positivamente para los homicidios y los delitos de alto impacto; la dinámica cambiante de los fenómenos que inciden en la inseguridad ciudadana.

En las últimas dos décadas el fenómeno de la violencia urbana y la inseguridad en América Latina parece haber adquirido una mayor visibilidad, instalándose no sólo en la experiencia cotidiana de los ciudadanos sino también reflejándose en las estadísticas y en los discursos de los medios de comunicación y de los políticos. Estos discursos y prácticas se retroalimentan en una suerte de espiral en la que no se alcanza a dilucidar los distintos elementos que dan cuenta del origen del problema, del porque de sus formas, de su anclaje en una historicidad, del rol que cumple la violencia en nuestra sociedad o de la cualidad subjetiva de las (in)seguridades.

A propósito del ambiente reformista que ha copado en gran medida la agenda política y opinión pública en el Ecuador en los últimos años como una respuesta a las recurrentes crisis sociales, políticas y económicas, los intentos y debates respecto a la reforma policial son prácticamente inexistentes y poco entendidos en su verdadera importancia en los proceso de democratización de la sociedades.

Que las instituciones internacionales tienen una importancia creciente en las relaciones entre los Estados y que éstos persiguen cada vez más sus intereses por medio de la participación en aquellas, son preceptos aceptados por amplios sectores académicos. De igual modo, se sostiene que el poder ya no se define únicamente en términos militares o económicos sino también mediante la capacidad de hacer valer en el exterior la influencia política y cultural (Tulchin y Espach, 2004).

La agenda de las Américas bien puede entenderse como un espacio social que permite el diálogo entre los países, y que tiene como atributo central ordenar y jerarquizar las prioridades de los gobiernos que se reconocen en el ámbito de la región, en este caso de Norteamérica, a la luz del tratado de libre comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin duda hay tensiones en la región que influyen de manera decisiva en la comprensión de este espacio y que pueden presentarse como retos para salvaguardar los intereses de la región.